Justificaciones no redistributivas del Derecho a la educación
[ES] En este capítulo, incluido en el liber amicorum dedicado a la profesora Gloria Begué, se presentan argumentos para una fundamentación económica del derecho a la educación, reconocido en el artículo 27 CE, que amplia y complementa las tradicionales justificaciones redistributivas, basadas en la...
| Autor: | |
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| Formato: | capítulo de livro |
| Fecha de publicación: | 2005 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad de Salamanca (USAL) |
| Repositorio: | GREDOS. Repositorio Institucional de la Universidad de Salamanca |
| OAI Identifier: | oai:gredos.usal.es:10366/166490 |
| Acesso em linha: | http://hdl.handle.net/10366/166490 |
| Access Level: | acceso embargado |
| Palavra-chave: | Economía Derecho a la educación Gasto social Gasto educativo 5312.04 Educación 5902.07 Política Educativa 5301 Política Fiscal y Hacienda Publica Nacionales |
| Resumo: | [ES] En este capítulo, incluido en el liber amicorum dedicado a la profesora Gloria Begué, se presentan argumentos para una fundamentación económica del derecho a la educación, reconocido en el artículo 27 CE, que amplia y complementa las tradicionales justificaciones redistributivas, basadas en la equidad o la justicia social. Las herramientas de la teoría del capital humano y los modelos de señalización permiten argumentar que la intervención pública en educación puede estar plenamente justificada desde una perspectiva de eficiencia. En contextos de mercados imperfectos, información asimétrica y ausencia de mercados de bienes contingentes, la actuación estatal —mediante provisión gratuita de enseñanza, subvenciones, préstamos escolares o sistemas de pensiones intergeneracionales— permite replicar resultados que, en un entorno ideal con mercados completos, habrían surgido espontáneamente. Se destaca que la educación genera importantes externalidades, tanto productivas como sociales, y que el capital humano, al estar ligado intrínsecamente a la persona, no puede circular como un activo tradicional, lo que impide alcanzar asignaciones eficientes sin intervención pública. En conjunto, se plantea que estas justificaciones no redistributivas no sólo complementan, sino que fortalecen la legitimidad de las políticas educativas públicas, aportando argumentos técnicos y microeconómicos concretos a su defensa. |
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