La acción de protección como garantía de protección del derecho al trabajo de los servidores públicos con nombramientos provisionales
La Constitución de la República del Ecuador, protege los derechos de los y las ecuatorianas, de entre los cuales resaltamos en el presente, el derecho al trabajo, mismo que al principio de la era republicana, no se respetaba y mucho menos se protegida, pero que con el paso de los años esto ha ido ca...
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| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2022 |
| País: | Ecuador |
| Institución: | Universidad Técnica de Machala |
| Repositorio: | Repositorio Universidad Técnica de Machala |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.utmachala.edu.ec:48000/20560 |
| Acceso en línea: | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/20560 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | ACCION DE PROTECCION NOMBRAMIENTO PROFESIONAL DERECHO AL TRABAJO VULNERACION DESPIDO ESTABILIDAD LABORAL |
| Sumario: | La Constitución de la República del Ecuador, protege los derechos de los y las ecuatorianas, de entre los cuales resaltamos en el presente, el derecho al trabajo, mismo que al principio de la era republicana, no se respetaba y mucho menos se protegida, pero que con el paso de los años esto ha ido cambiando, teniendo en la actualidad una Constitución muy protectora y garantista de este derecho, debiendo puntualizar que entre estas medidas de protección, se encuentran las garantías jurisdiccionales, las cuales han sido un gran avance para evitar vulneración de derechos de los y las ecuatorianos. De estas garantías, la acción de protección, ha sido la de mayor relevancia, ya que permite a la persona que se siente afectada, recurrir a la vía constitucional, para que se determine la existencia de la vulneración de sus derechos. La Acción de Protección, ha sido un instrumento de protección para los servidores públicos con nombramiento provisional que fueron contratados por parte de la administración Publica, conforme la Ley Orgánica de Servicio Público y su Reglamento, los cuales, al ser removidos de sus cargos, sin que se cumplan con los requisitos que establece la propia Ley, se han visto en la necesidad de recurrir a esta garantía constitucional, para que de esta manera se proteja su derecho al trabajo. |
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