Alcance y limitaciones del poder general en los procesos de compraventa de inmuebles: restricción de su aplicación en el Cantón Rumiñahui
El presente artículo está realizado para identificar el verdadero uso del poder general y demostrar la legalidad de su utilización, en una escritura de compraventa de inmuebles, siempre que en el mismo exista la facultad expresa del mandante para la venta de sus propiedades, con este estudio se pued...
| Autores: | , |
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| Formato: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2023 |
| País: | Ecuador |
| Recursos: | Universidad Tecnológica Indoamérica |
| Repositorio: | Repositorio Universidad Tecnológica Indoamérica |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.uti.edu.ec:20.500.14809/5406 |
| Acesso em linha: | https://doi.org/10.33386/593dp.2023.3.1668 https://hdl.handle.net/20.500.14809/5406 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Resumo: | El presente artículo está realizado para identificar el verdadero uso del poder general y demostrar la legalidad de su utilización, en una escritura de compraventa de inmuebles, siempre que en el mismo exista la facultad expresa del mandante para la venta de sus propiedades, con este estudio se puede comprobar que en Colombia, emplean el mismo criterio, sin vulnerar la seguridad jurídica de las partes intervinientes en el contrato. El proceso de compraventa conlleva implícita la capacidad, disposición, legalidad y voluntad de transferir un bien, en este caso específico inmueble, donde intervienen vendedor/es quien entrega la cosa y comprador/es quien paga el dinero por la misma, acto que lo pueden realizar por sus propios derechos o mediante un poder que faculte tal disposición. Este trabajo lo que procura es demostrar la factibilidad de inscribir los contratos mencionados en el Registro de la Propiedad de cualquier cantón, haciendo referencia que tanto en el cantón Quito, como en el cantón Mejía, provincia de Pichincha, son aceptados e inscritos sin ningún inconveniente, perfeccionando la tradición y comprobar que el uso del poder general no contraviene ninguna norma y su uso es legítimo. |
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